Proponen tipificar el delito de ecocidio dentro del código penal de la Nación

Instituciones públicas y privadas intentan estos días frenar las quemas en el delta del Paraná que comenzaron de manera muy intensa en enero de 2020. Desde el Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), junto a la Facultad de Derecho de la UNR y el Colegio de Abogados de Rosario, se impulsó un cambio en la normativa para sancionar con severidad a los que cometen estos delitos que afectan al ecosistema más importante de la región.

En un escrito presentado este martes y firmado por Miguel Ángel Asturias, doctor en Derecho Penal y Ciencias Sociales de la USAL de Buenos Aires, se expresó: “La incorporación del ecocidio como crimen no es la única solución para combatir los delitos ambientales, pero sin dudas es la piedra angular para proteger la vida en nuestro planeta”. “La forma principal de proteger el derecho a un ambiente sano y a la biodiversidad (art. 41 de la Constitución nacional) de estos actos ilícitos o arbitrarios, graves, extensos o duraderos producidos por el hombre es a través del derecho penal, el cual debe perseguir y sancionar los comportamientos de las empresas multinacionales, los Estados y el crimen organizado que producen graves agresiones ambientales”, escribió en otra parte. Citó los ejemplos de estados que ya cuentan con leyes de este tipo como Francia, Vietnam, Rusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Georgia, Bielorrusia, Ucrania y Moldavia.

Asturias subrayó en su texto: “Proponemos incorporar en el código penal de la Nación el título XIV: Delitos contra el ambiente. Capítulo 1: Ecocidio: art. 313 bis: será reprimido con prisión de tres (3) años y seis (6) meses a diez (10) años y multa de pesos trescientos mil ($ 300.000) a pesos dos millones ($ 2.000.000) el que cometiere cualquier acto ilícito o arbitrario a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daño grave que sea extenso o duradero al ambiente”. En el escrito también se detallan otras sanciones que son en algunos casos más duras. El abanico de penalidades abarca desde multas económicas hasta la prisión efectiva.

Matías Bueno, directorio del observatorio de la UNR, comentó con El Litoral: “Esto (las quemas en las islas) ya tiene un viso de terrorismo ambiental porque no tiene precedentes lo que está pasando. El impacto es sumamente negativo y para el aprovechamiento de muy poca gente y ya no permite que este bien común pueda ser utilizado por el resto de la población. Como el caso del aire”.