El fiscal federal y reconocido defensor del medio ambiente dio una charla en la UNSE y alertó sobre la ausencia de la problemática en la agenda pública y de la escasa participación de la provincia como querellante en causas penales.
El fiscal general de Tucumán, Gustavo Gómez, disertó el viernes en la Universidad Nacional en la Maestría de Derechos Humanos sobre delitos ambientales de lesa humanidad y ecocidio, donde advirtió por la falta de conciencia sobre esta problemática en la provincia. Esto se traduce en la ausencia de la grave problemática en la agenda pública y en la casi nula participación de querellas en causas que instruye la justicia federal.
“Creo que en Santiago del Estero del tema de la contaminación ambiental no se habla; la pensamos en función del calentamiento global, de cómo cambia el clima, pero no nos vamos a los pueblos chicos que están afectados tremendamente por los feedlot, por ejemplo. La zona de Pozo Hondo o Nueva Esperanza, donde producen un daño tremendo, o toda la cuenca del río Salado que es impactada por todos los establecimientos ganaderos que están en Salta y tiran la bosta de las vacas a los ríos”, ejemplificó.
Gómez advirtió: “Me parece que la sociedad no tiene una dimensión real de lo que padece por los delitos ambientales; no se reconocen como víctimas de ellos”.
Por otro lado, el fiscal consideró que sólo la acción judicial penal pudo frenar significativamente la contaminación de la cuenca Salí-Dulce, que comparten Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, Córdoba y hasta Santa Fe a través de los humedales.
“La problemática de la cuenca Salí-Dulce ya tiene más de 20 años y hay autoridades administrativas que hacen muchas declamaciones y se crean comisiones de todo tipo, o se inician acciones civiles desde cualquier lado, pero la verdad es que la acción penal ambiental es la que consiguió alguna reducción de la contaminación”.
“Pero mi pregunta es: ¿cómo es que los santiagueños no son querellantes porque desde Tucumán les tiran todos los residuos cloacales crudos a la cuenca del Salí-Dulce? Los santiagueños toman de esa agua y nadie ayuda a una mujer que es querellante y que justamente quiere llevar adelante esta causa penal. No tienen conciencia de que son víctimas de delitos ambientales”, alertó.
En ese caso se refirió a la acción iniciada por una vecina tucumana que sufrió el brote de líquidos cloacales en su propia vivienda y pronto se dio cuenta que se trataba de un perjuicio que excedía su barrio en el Sur de San Miguel de Tucumán. María Elba Ledesma denunció a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) por arrojar líquidos cloacales crudos a la cuenca del río Salí-Dulce, lo que perjudica además a Santiago del Estero y Córdoba.
Ledesma se convirtió en querellante particular y logró que la justicia federal imputara y citara a directivos de esa empresa por presuntos delitos ambientales. La causa en este momento se encuentra en manos del juez Sebastián Argibay y se espera que resuelva la situación procesal de los directivos imputados.
Además, Gómez subrayó la trascendencia del inminente juicio contra el poderoso empresario Joge Rocchia Ferro, presidente de Los Balcanes SA y de la Unión Industrial de Tucumán, quien debe rendir cuentas por delitos ambientales contra pobladores de la zona limítrofe afectados por el vuelco de millones de litros de vinaza.
“Ese juicio será pionero aquí y me preocupa mucho que el tribunal oral federal no quiera hacer el juicio. Puso ya distintas excusas y la Cámara Federal de Casación le dijo que tenía que hacerlo. Tenemos una fiscal que trabaja muy bien en ese caso, que es Indiana Garzón. Me preocupa que la sociedad santiagueña no esté muy enterada de esto ni la apoye como debiera. Y si el tiempo pasa y las cosas siguen como están, es probable que tengamos una sentencia condenatoria contra este empresario, que usa el agua que también es de los santiagueños”, sostuvo.
Ese juicio podría concretarse finalmente el mes próximo, después de un largo derrotero puesto que el Tribunal Oral Federal le había impuesto una probation a Rocchia Ferro, que se comprometió a pagar una indemnización millonaria a los pobladores de la zona afectada de El Arenal, a cambio de evitar ser juzgado penalmente. Pero ese polémico y benévolo fallo fue desestimado y se ordenó que fuese sometido a su juzgamiento.
Por último, se refirió a otros serios problemas ambientales de la provincia como el uso de agroquímicos tóxicos y el avance desmesurado de la deforestación, a causa del avance de la frontera agraria, sobre todo para el cultivo de soja y la instalación de feed lots ganaderos.
“Los agrotóxicos presentan al glifosato como una bandera grave de aplicación. A mí me preocupa que los controles administrativos que tienen que ver con la aplicación de los agrotóxicos no sean lo suficientemente efectivos por la dispersión territorial que hay. A eso hay que sumar el grave daño que se provoca en el bosque nativo de Santiago del Estero, que cada vez se expande más. Y, lamentablemente, la dirección de Bosques no tiene el suficiente personal para hacer todos los controles necesarios para evitar que las máquinas topadoras en el departamento Pellegrini arrase el monte”, ejemplificó.
[Fuente: https://noti.news/]
