La ONG Cuenca Río Paraná denunció a la empresa hace cinco años por el vuelco de efluentes cloacales e industriales. La problemática afecta incluso a los peces.
Una causa contra directivos de Aguas Santafesinas, acusados de contaminación ambiental por el vuelco en el río Paraná de efluentes cloacales e industriales en crudo, continúa sin mayores avances en la Justicia Federal cinco años después de haberse iniciado. La denuncia de la ONG Cuenca Río Paraná se presentó hace cinco años y detallaba el vuelco de 350 mil litros diarios.
El abogado Fabián Maggi, representante legal de la asociación que impulsa la denuncia aseguró en diálogo con Apuntes y Resumen aseguró que “el amparo tiene sus años de trámite y debería avanzar con mayor celeridad, lo que no está ocurriendo”.
“La planta de tratamiento de efluentes cloacales es una deuda histórica de Aguas Santafesinas. También tienen responsabilidad el Estado Provincial y Municipal. Es inconcebible que a esta altura del desarrollo urbano una ciudad como Rosario no cuente con tratamientos en sus efluentes cloacales”, planteó el abogado.
“La cuestión de contaminación es realmente alarmante. Por los volúmenes y por los contenidos. Estos efluentes son objetos de estudio hace mucho tiempo. La alarma se enciende no sólo por el factor infeccioso de los efluentes cloacales, sino también por lo que se denominan contaminantes emergentes, que son los nuevos contaminantes que se detectan, y aquellos que se califican como bio acumulables, es decir que no tienen ninguna posibilidad de dilución en el cauce del río Paraná. Se van acumulando en los peces que después son objeto de consumo humano. Eso es alarmante”, planteó Maggi.
En los análisis de laboratorio se detectó la presencia de metales pesados como el zinc. En los residuos cloacales, por la legislación santafesina, se permite la incorporación de efluentes industriales. “La normativa tiene serias deficiencias que deben ser subsanadas. Lo que más preocupa es todo lo que tiene que ver con productos farmacéuticos, que ya fueron detectados en los peces”, puntualizó.
En cuanto a las demoras en la Justicia Federal, con causas civiles y penales que tramitan Carlos Vera Barros y Sylvia Aramberri, Maggi planteó que debe tenerse presente que “la ley impone al juez un accionar rápido cuando está al mando de un conflicto ambiental”.
“Las medidas tienen que ser expeditivas, proactivas. Tienen que lograr el inmediato cese. En la cuestión ambiental son fundamentales el cese, la recomposición y la indemnización sustitutiva. En cuanto al cese tiene prioridad absoluta la supresión del daño futuro y eso no veo que esté en camino. Se alegan cuestiones burocráticas que las tiene que resolver el Estado. Se habla de la supuesta falta de fondos. No conocemos balances, pero hace años hay un componente de las tarifas que es para obras. Se obtuvieron créditos que no sabemos por qué no fueron utilizados en esta problemática fundamental, que es el tratamiento de efluentes cloacales”, concluyó.
